La Presidenta Michelle Bachelet, cuando firma el proyecto que envía para su discusión en el Congreso la Ley General de Educación (LGE), está gatillando varios procesos muy trascendentes para el futuro de nuestro país.

Por una parte da respuesta a una sentida demanda social y política: derogar la última ley promulgada por la dictadura[1] - la LOCE -. Ella sentó las bases que condicionaron a nuestro sistema educacional durante los últimos 17 años, soportando ? amparada en los altos quórum que exige una ley de este tipo ? los diversos intentos de reforma, hasta sucumbir a las movilizaciones estudiantiles del año pasado. El movimiento secundario catapultó esta demanda ? que en principio ocupaba un lugar secundario en su agenda ? a un primerísimo lugar, colocó el tema en el centro del debate político y lo hizo parte integrante de la ?agenda larga?.

Se inicia entonces un profundo debate político en torno al articulado que postula el Gobierno, el cuál ha sido desarrollado por el MINEDUC bajo el liderazgo de la Ministra Yasna Provoste. Lo que veremos, durante las próximas semanas, serán las interpretaciones que realicen los distintos actores políticos, y cómo esas interpretaciones se alinean con intereses específicos. Que duda cabe que en el debate desplegará un conjunto de elementos ideológicos, pero también ocuparán, un lugar central del mismo, la defensa corporativa de intereses de ciertos grupos sostenedores. A modo de ejemplo, se está anunciando oposición a conceptos como evitar la selección de estudiantes o poner coto al afan de lucro de quienes conciben la educación como un negocio y no como un servicio.

La LGE, no viene sola. Se están desarrollando - o comenzarán a hacerlo ? otros proyecto de ley de gran impacto y significación. Por ejemplo, está en el proceso de discusión en lo particular, la denominada Subvención Escolar Preferencial (SEP), la cuál implica un mayor aporte financiero para la educación de las niñas y niños más carenciados de nuestra sociedad ? incrementa cerca de un 50 % el valor de la subvención ? para garantizarles una mejor calidad educativa. También se va a reestructurar la alta institucionalidad educativa, al momento que se cree la Superintendencia de Educación, otro tema que ha sido propuesto por la Comisión Asesora y que surgió con mas fuerzas tras el moviendo secundario.

Estos cuerpos legales formaran un todo compacto con otras iniciativas: el ?Chile Crece Contigo? ? gran política de protección a la infancia y de universalización de la educación parvularia ? y la Ley de Acreditación de la Educación Superior, la cuál busca garantizar una formación de calidad en Universidades y otros centros de educación superior. Está última ya vigente.

La LGE recoge la demanda democrática en educación. Ella amplía los derechos de los ciudadanos y de los actores educacionales; promueve la participación al introducir el concepto de comunidad educativa; establece nuevas responsabilidades ? en materia de educación ? para el Estado chileno y para el MINEDUC; va a hacer más exigentes los requisitos para los sostenedores; enfrenta de mejor manera las distintas formas de discriminación. Recoge la experiencia anterior y genera la matriz para la educación del siglo XXI.

Para el MINEDUC el envío de esta ley al Congreso significa que culmina una primera fase del proceso de reforma que estamos implementando. Podríamos decir que comienza una Reforma 2.0. Al buscar la aprobación de la LGE se imprime sentido a nuestro sistema educacional y se juega de manera más frontal por alcanzar niveles de calidad similares a los de los países desarrollados. Queremos Calidad de Enseñanza para todos los estudiantes chilenos.

Hago un llamado a la comunidad en general a informarse, seguir de cerca el debate político y a participar. La LGE no es cualquier ley, no debemos desentendernos de ella.

[1] Recordemos que la LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN (LOCE), fue promulgada por ese parlamento de cuatro integrantes que era la Junta Militar, la noche anterior a que Pinochet entregara a Patricio Aylwin la piocha de O?Higgins